NI LOS LAJ TRABAJAN NI LLOP TAMPOCO
Desde el pasado 24 de enero, casi mes y medio después del inicio de la huelga que ha llevado a los LAJ a paralizar, aún más si cabe, la justicia española, los colaboradores del sistema judicial, tanto letrados como los procuradores de Toledo y de toda España, seguimos atados de pies y manos sin poder avanzar ni dar impulso a los procedimientos y sin poder explicarles de una manera comprensible a nuestros justiciables que la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y los Letrados de la Administración de Justicia ha provocado la paralización total del curso de sus peticiones ante la Justicia.
Letrados y procuradores con los más de 300.000 juicios suspendidos, 350.000 demandas sin presentar, a lo que se suma los aproximados 1.000 millones de euros que la huelga mantiene bloqueados en las cuentas de consignaciones de los juzgados, nos obliga a no poder desarrollar nuestra actividad con normalidad ni dar solución a los problemas que plantea cada procedimiento.
Las consecuencias de esta huelga, desde el primer día, están afectando notablemente al funcionamiento de la justicia, a los colaboradores de la Administración y sobre todo al justiciable que se encuentra soportando la demora en sus procedimientos sin poder dar solución a los mismos.
Los procuradores de Toledo desde el Consejo de Procuradores hemos reivindicado, en las varias reuniones con la ministra de Justicia, Pilar Llop, la importancia y la garantía de no declarar hábil el mes de agosto en la Administración de Justicia para acelerar el retraso generado tras más de un mes de huelga indefinida de los letrados.
En el marco de la huelga, se han conseguido algunas mejoras en las peticiones que se hicieron desde los colectivos de abogados y procuradores de Toledo y de todo el marco nacional, aunque no de forma generalizada, en cuestiones como las pensiones alimenticias -para las que se requiere la intervención del letrado- o los avisos de las suspensiones de juicios al, si bien es cierto que en muchos juzgados ni siquiera cumplen con esta deferencia para profesionales que se deben desplazar desde otros puntos de España.
Afirmaba Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados (CNLAJ) sobre la huelga: “Esto es una cuestión de dignidad y nosotros no vamos a cesar hasta conseguir un acuerdo justo”. El derecho a huelga es loable pero el derecho a una justicia digna lo es más aún si cabe.
Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con el apoyo y respaldo del colectivo de procuradores, su Decano, Eugenio Ribón, ha dirigido una carta al Defensor del Pueblo solicitando su “pronta intervención” para recuperar la normalidad en los Juzgados de nuestro país.
Esta situación actual, sin visos de un posible acuerdo, supone un grave deterioro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Justiciables, letrados y procuradores, quedamos, sin más opciones, a la espera de que el Ministerio de Justicia y el Comité de Huelga de los LAJ retomen las negociaciones interrumpidas hace unos días para poner fin a la huelga ya que cuando el acceso a la Justicia se paraliza, todos los demás derechos están también en suspenso. Es una situación que la sociedad española no merece ni puede tolerar por más tiempo.
